Soberanía energética

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  • El 12/02/2018

El siguiente artículo aparece en el Anexo del Plan Director de Innoación Social para el Empleo del programa Sevilla Ciudad con Inteligencia Social y Emocional del Ayuntamiento de Sevilla, al que se puede acceder a través del siguiente enlace (pincha aquí).

El uso y el acceso a la energía están directamente relacionados con el bienestar de las personas. Una vida digna implica poder calentarse, iluminarse, cocinar, conservar los alimentos, o tener acceso a agua caliente, por lo que la energía constituye una necesidad básica para todos.

A nivel colectivo, el acceso a servicios de energía asequibles y sostenibles es esencial para la autonomía de una comunidad, y es un elemento clave para reducir la pobreza y mejorar la educación, la salud, la sostenibilidad ambiental, la economía, y poder disfrutar de un medio ambiente sano.

Sin embargo, el acceso a los servicios energéticos sigue estando sujeto a las capacidades económicas individuales y colectivas, con lo que existen grandes asimetrías entre países y población rica y países y segmentos  de población empobrecida. Además, el modelo energético más extendido está basado en la producción centralizada de energía y en el consumo de recursos fósiles ( y sujetos a propiedad).

Hasta ahora, las políticas energéticas se han regido fundamentalmente por consideraciones puramente económicas, ignorando que la energía tiene una importante dimensión social. Este hecho está agravando en muchos casos la pobreza de personas y comunidades, aumentando las desigualdades, y teniendo una repercusión directa en la satisfacción de varios derechos. El acceso y el uso sostenible de la energía es un requisito previo para el derecho a una alimentación adecuada (conservación y cocina los alimentos), el derecho a una vivienda digna (condiciones confortables de temperatura e iluminación), el derecho a la salud (condiciones de seguridad ambiental en los hogares y los lugares de trabajo), el derecho al desarrollo (impulso de la economía), el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras. En este sentido, un modelo basado en fuentes de energía renovables contribuiría a la democratización y a la soberanía energética de las comunidades, ya que fomentan la descentralización de la producción y se sustentan  en recursos que son de libre acceso a cualquier persona.

Mientras que derechos como el acceso al agua han sido ampliamente debatidos y aceptados, el derecho a la energía sigue siendo ignorado, a pesar de que constituye un bien social y estratégico, imprescindible para la emancipación y autonomía de los pueblos.

Frente a la situación de oligopolio y decadencia del modelo energético mundial anteriormente expuesto, aparecen una serie de alternativas que se enmarcan en el concepto de soberanía energética. La soberanía energética reside en la capacidad de una comunidad de gestionar la producción de la energía que consume. En este sentido, la soberanía energética se contrapone de manera inevitable a cualquier modelo de producción centralizado y en manos de pocas personas o empresas y que, en su mayoría, utilizan los combustibles fósiles, caros y poco accesibles para la ciudadanía.

El desarrollo de las renovables ha permitido que estas se conviertan en un elemento que permite que la ciudadanía se convierta en agente activo de producción de energía. Esta es la base de la soberanía energética, que cualquier persona o colectivo pueda convertirse en productor de energía, que conozca su coste y pueda, de esta manera, gestionar su consumo de forma más eficaz y eficiente.

 

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