QUEJA A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

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  • El 08/07/2020

Por el presente escrito, y en base a lo dispuesto en los arts. 14 y siguientes del Real Decreto 951/2005, presento mi queja por la vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía por parte de la policía nacional, ocurrido como consecuencia del dispositivo organizado por razón de la visita de los Reyes al Polígono Sur el 29 de junio de 2020.


Dicha queja está motivada por los siguientes hechos:
1) Durante la mañana en cuestión, la policía impidió moverse libremente por el barrio a personas que, solas o en grupos pequeños, se dirigían hacia el Centro Cívico El Esqueleto, llevasen o no llevasen banderas y pancartas.
2) Dos personas fueron multadas por desobediencia contra la autoridad por el único hecho de haber caminado por la calle a la altura del centro comercial de la barriada de la Oliva, Cencosur, donde la policía nacional estaba reteniendo a otro grupo de personas en contra de su voluntad y sin motivos justificados.
3) Un grupo de personas que tenía previsto acudir a la visita fue arrinconado en la esquina enfrente del Centro Cívico, rodeado por un cordón policial que no dejaba el espacio suficiente para guardar la distancia de seguridad sanitaria.
4) El responsable del dispositivo apartó arbitrariamente a varias personas muy mayores con la intención de intimidarlas y llevarlas a su furgón.
5) A la vez que ocurrían estos hechos, otro grupo de ciudadanos y ciudadanas pudo acercarse al Centro Cívico sin ningún impedimento, por lo cuál lo sucedido se ve agravado por un trato claramente discriminatorio, contrario a la libertad de expresión y al derecho a la libre circulación de las personas.


Podemos afirmar con absoluta certeza que ninguna de las personas que sufrieron esta situación suponían el menor riesgo físico para el monarca, y que el despliegue policial y su lamentable actuación no hacía más que responder a una censura, a prohibir a determinados ciudadanos a poder ejercer su legítimo derecho de expresarse delante de una figura pública que, como tal, se debe a la opinión y la crítica de sus ciudadanos.


Los personajes públicos deben tolerar las críticas dirigidas a su labor como tal, incluso cuando estas puedan resultar especialmente molestas o hirientes (STC 110/2000 y Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Incluso la imputación a un funcionario de la comisión de ciertos hechos delictivos, se ampara bajo el ejercicio de la libertad de expresar opiniones del artículo 20.1.a) CE y por tanto, en modo alguno, son constitutivas de delito, siempre que esta opinión no consista en expresiones formalmente injuriosas e innecesarias para la crítica que se desea realizar (STC 11/2000 y en contra STC de 27 de junio de junio de 2001). Por tanto, que el dispositivo policial se realice de forma que determine como objetivos a los ciudadanos que van a expresar una opinión crítica resulta intolerable.


Por todo lo expuesto, expreso mi queja rotunda contra la vulneración de Derechos Fundamentales, arts. 14, 16, 20, 21, 23 de la Constitución Española; contra el sesgo de la libertad de movimiento y de expresión que supuso esta actuación de la policía nacional contra unos ciudadanos y ciudadanas cuya actitud fue completamente pacífica y en ningún momento alteró el normal desarrollo de la vida cotidiana en el barrio.


Solicito además una reunión del Subdelegado del Gobierno con las personas afectadas.